La crisis dispara el acoso laboral

No está recogido en el catálogo de enfermedades profesionales y carece de una definición que lo encuadre en la legislación vigente. A pesar de que la Asociación Gallega contra el Acoso Moral en el Trabajo (Agacamt), ha constatado un incremento del 30% en el número de afectados por acoso laboral desde el inicio de la crisis en 2008, y de que las consultas por ese motivo al área de salud laboral de los sindicatos han aumentado de manera análoga, el mobbing o acoso laboral (no existe un término consensuado para referirse al problema) sigue siendo el gran olvidado de la legislación española.

El vacío comienza en las propias empresas, reticentes en un 81% de los casos a incluir los riesgos psicosociales en su evaluación de riesgos, y se extiende entre mutuas y Administración pública hasta llegar a los juzgados. Una vez allí la falta de una definición jurídica del mobbing obliga a que la mayoría de los casos abandonen la vía laboral para cursar la de los derechos fundamentales, que prolonga los juicios sin atender a las especificidades de este tipo de acoso.

La denigración y el maltrato psicológico, características propias del mobbing, figuran como penalizables en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Función Pública y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ese es el marco legislativo al que se agarran la mayoría de las víctimas que se animan a denunciar, pero es sin embargo una red legal imperfecta que deja desprotegida a la víctima en múltiples puntos. Un ejemplo es el recocimiento del despido improcedente, que según el Estatuto de los Trabajadores deja en manos del empresario escoger entre el pago de una indemnización o la reintegración de la víctima a su puesto de trabajo. Alternativa, esta última, que representa una agresión para el acosado.

Fuente:
26.07.10
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